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lunes 26, noviembre de 2018
Cuando el arte desplaza a los vecinos
Nueve familias fueron desalojadas en un violento operativo que comenzó durante la madrugada del viernes 23 en el inmueble de la calle Rocha 915 e incluyó tiros y gases en el interior de la vivienda, donde vivían once niñxs –de entre dos y diez años- que debieron ser sacados por la ventana, con las caras tapadas por el aire irrespirable.
“Tuvimos que sacar a los chicos por la ventana suplicando que dejaran de tirar mientras nos dejaban sacarlos”, denunció Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone. “Vino un grupo especial de la Policía de la Ciudad. Unos salvajes, no tengo otra palabra. Irrumpieron, rompieron, tiraron gases”, contó.
Quinto explicó que los jueces intervinientes habían dispuesto suspender temporalmente la medida de desalojo, mientras se negociada una retirada pacífica para el 27 de diciembre. Pero, repentinamente y sin explicación, cambiaron de opinión. “Se estaba firmando un acuerdo de suspensión que la jueza había ordenado y 20 minutos después la misma jueza Dora Gesualdi propone que se continúe con la medida, sin garantizar absolutamente nada, ni la integridad física de los menores que salieron ahogados de gas y aterrados por la balas de goma”, contó.
Las nueve familias vivían en el inmueble desde hace cinco años. Habían ingresado pagando alquiler al dueño del lugar, que dejó de cumplir con los arreglos de la vivienda, donde hasta habían dejado de tener agua.
La referente de La Boca Resiste y Propone contó que en el mismo momento se estaba realizando otro desalojo sobre la calle Necochea. Y que el 14 de este mes se había realizado una mesa con representantes de los distintos ministerios y organismos de protección de derechos, luego de que el Tribunal Internacional de Desalojos dictaminara que en La Boca se viola el derecho humano a una vivienda adecuada.
“Sin embargo, hoy no hubo nadie para garantizar los derechos de las familias. Excepto el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. No estuvo ni la Asesoría General Tutelar, que debe garantizar el derecho de los menores, ni el BAP, por lo cual no estaban asegurados los derechos constitucionales de las familias. La jueza decidió priorizar el derecho de propiedad privada del dueño a toda costa y dejó a las familias en situación de calle”, señaló Quinto.
Según un informe del Observatorio de la Ciudad entre los meses de febrero y marzo de este año, 64 familias del barrio serán desplazadas en 19 desalojos ya ordenados. Además, ya existen 61 procesos de desalojos en curso que, al finalizar, dejarán a más de 300 familias en la calle. Tampoco cumplen con el art. 29 de la Ley N°4.353 – se informa en este mismo documento-, según el cual el GCBA debería “atender la situación de vulnerabilidad social en la zona, relevando la necesidad de soluciones habitacionales, y disponer acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes”.
Fuente: Diario Z/ El Grito del Sur
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