Vanesa tiene 33 años y hace más de quince años vive en Argentina. En 2013 fue condenada, en un juicio abreviado, a una pena de cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Salió en libertad antes, por su buena conducta. Estudió, hizo una tecnicatura en enfermería, y trabajaba para mantener a su familia.
El viernes pasado una patrulla fue a buscarla y se la llevaron diciéndole que se trataba de una notificación pero en realidad era el pedido de detención previo a la expulsión, que se produjo el lunes cuando la policía forzó a Vanessa y a su hijo lactante a subir a un avión rumbo a Perú, separándola de sus otros dos hijos, de 5 y 14 años, que quedaron en Villa Lugano.
La Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño contemplan la reunificación familiar ante todo. “Vulneraron todos los derechos de Vanessa, una mujer humilde, migrante, madre. Además de que también violentaron todos los derechos de sus hijos que son argentinos y dos de ellos quedaron huérfanos. A ella la llevaron a un país en el que no saben si tiene familia para quedarse. Lo más grave es que la sentencia fue apelada y no está firme, por ende nunca la deberían haber expulsado”, explicó Juan Martín Villanueva, abogado de Vanessa.
La medida se tomó en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Mauricio Macri, que busca estigmatizar a la población migrante como la responsable del fracaso económico de su gestión.
A través de un comunicado, el Foro de Migrantes de la Argentina condenó enérgicamente esta estrategia de “populismo penal” que intenta crear un sentido común xenófobo y discriminatorio y, a su vez, quiebra la vida de una familia, dejando a dos niños en el más absoluto desamparo ¿De esta manera, acaso, se combate la delincuencia?
En su afán de crear un “enemigo público”, el gobierno ha hecho una interpretación forzada del Artículo 70 de la Ley de Migraciones que no pondera derechos ni obligaciones legales y que se encuentra completamente reñida con los derechos que la Constitución Argentina ampara. Ningún juez hizo un chequeo socio ambiental para revisar con quién y cómo quedaban los niños o cómo se mantendrá esta ciudadana que, en el más completo desamparo, se comunica con sus chicos desde Lima a través de un teléfono público.
El caso de Vanesa es la prueba concreta de que a este Gobierno no le importa disminuir la delincuencia ni resguardar los derechos ciudadanos y que sólo busca aferrarse al poder azuzando fantasmas y estimulando los instintos más bajos de la sociedad.
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FORO MIGRANTES DE LA ARGENTINA
