Ni el Instituto de la Vivienda porteño ni el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat decidieron resolver la grave situación habitacional que atraviesan cien familias, desde hace varios años. Ninguno de estos organismos públicos puede argumentar que no tuvo tiempo ni alternativas para buscar una salida que impida dejar en la calle a 400 personas, entre ellos 131 niños y niñas. La sentencia de desalojo data de fines de 2017. Pero, incluso desde mucho antes, las familias de Santa Cruz 140, sus abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y las organizaciones que los acompañan buscaron formas de evitar el desalojo.

Uno de los pasos fue organizarse en la cooperativa de vivienda “Papa Francisco” para solicitar un crédito colectivo tal como lo prevee la ley 341; también se presentaron en audiencias ante la Justicia y realizaron movilizaciones al IVC. El objetivo de máxima siempre fue comprar el inmueble, ubicado en lo que el Gobierno llama Distrito Tecnológico. “Vivimos en él desde hace aproximadamente 16 años, encontrándonos arraigados al barrio, por lo que un desalojo destruiría, además de despojarnos de nuestra casa, todas nuestras vinculaciones sociales y económicos que permiten nuestra subsistencias: nuestras/os hijas/os que concurren a escuelas cercanas, nuestras fuentes de trabajos, control de nuestra salud en los establecimientos públicos”, señalaron los vecinos en diferentes presentaciones.