El conflicto comenzó en 2016 cuando el Gobierno porteño dio a conocer su plan de demolición del histórico edificio para avanzar con el Metrobus del Bajo.  La comunidad educativa sostenía que, por la amplitud de la avenida Paseo Colón a esa altura, la demolición era innecesaria. Desde el entonces el Gobierno porteño comenzó un desprolijo proceso para relocalizar la institución.

 

Una de las opciones que se manejaron fue construir una nueva sede para la escuela en el Parque España. El proyecto quedó trunco, dado que el gobierno no anticipó que la construcción en un parque público debía ser previamente aprobada por la Legislatura Porteña. Otra alternativa barajada fue el inmueble de la calle Moreno 330. Ese proyecto terminó convirtiéndose en una nueva desprolijidad por parte de las autoridades porteñas, puesto que en agosto de este año decidieron subastar la propiedad dejando una vez más a la comunidad educativa en un escenario de completa incertidumbre.

 

La última opción de sede que se apuntó fue una propiedad ubicada en la calle Alsina 963. “La jueza se dio cuenta de que no habían iniciado las obras de adecuación del espacio donde supuestamente se relocalizaría la escuela, que todavía no habían reubicado a la Dirección de Música que actualmente funciona en ese edificio y que tampoco estaban adjudicadas las obras del Metrobús”, explica Jonathan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), organismo que presentó el amparo ante la Justicia.

 

En este marco, el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires determinó que la demolición de la Escuela Taller quedara suspendida «hasta tanto se encuentre efectivamente disponible otra sede para ser utilizada a tales fines». 

 

“Sentimos que nos hemos sacado una gran angustia de encima, porque durante el año los funcionarios del GCBA nos decían con absoluta prepotencia que en enero el edificio iba a ser demolido”, afirma a este medio Carlos Arbetman, estudiante de la escuela. Pero a la vez que festeja este fallo, Carlos sostiene que no hay que “dormirse en los laureles”. La cautelar detiene la demolición hasta tanto se garantice una nueva sede, pero no da por terminado el conflicto. En el caso de haber una nueva sede, la comunidad educativa deberá asegurarse que ésta cumpla las condiciones requeridas para la especificidad de esta escuela. “Los lugares que nos ofrecieron hasta el momento eran, por ejemplo, edificios de oficina que no tenían ni siquiera la ventilación adecuada. Nosotros estamos todo el día expuestos al polvillo, si el edificio no tiene la ventilación adecuada puede ser directamente perjudicial para nuestra salud”.

 

Consultado por la falta de voluntad de diálogo por parte de las autoridades porteñas a lo largo de estos años de conflicto, Carlos afirma: “La Dirección de Patrimonio, en vez de vernos como enemigos, debería mirarnos como lo que somos: una comunidad educativa que se dedica a la restauración, que está defendiendo el patrimonio de la Ciudad y que no le da lo mismo que se demuela un edificio de principios del siglo XX ubicado en el casco histórico”.

 

Fuente: El grito del sur