En el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.541, el pasado 29 de marzo el Gobierno nacional publicó el Decreto 320/20 que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre.
 

A pesar de la vigencia de esta medida, las amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares continuaron en la ciudad. También se dieron casos de intimación abierta para que las personas abandonen el lugar, como el corte de servicios básicos a las habitaciones. En algunos lugares se reubicó a personas en contra de su voluntad en habitaciones de hotel, lo que generó hacinamiento y el aumento del riesgo para la salud individual y colectiva.

Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.
 

“La mayoría de estos establecimientos tiene condiciones sanitarias deficitarias, que hacen incumplibles las indicaciones de higiene y prevención necesarias en el contexto de pandemia. Además, la negativa de propietaries e inmobiliarias a cobrar a través del sistema bancario, para evadir el pago de tributos, expone a les inquilines a incumplir el aislamiento obligatorio”, explicaron desde las organizaciones que llevan adelante el reclamo.
 

Las organizaciones proponen establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo.  Comprometer a les propietaries de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades.
 

Como así también, adoptar mecanismos de fiscalización para garantizar el congelamiento de los precios y establecer una línea de subsidios especiales para contribuir al pago del alquiler de habitaciones en hoteles familiares y pensiones por al menos los próximos seis meses.