El organismo expuso su posición a través de un comunicado, donde advierte: "Queremos comenzar reafirmando nuestra oposición a que las personas detenidas por cualquier motivo permanezcan en sedes policiales y, por ende, consideramos que sólo la excepcionalidad de la pandemia actual y el extremo hacinamiento de las cárceles federales pueden explicar la regresiva decisión de transformar las alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en centros de detención inclusive para personas ya indagadas por los jueces e incluso procesadas con prisión preventiva".
Desde que se dispuso el aislamiento social obligatorio, en la Ciudad fueron detenidas o demoradas más de 10 mil personas. Según datos de la cartera de Justicia y Seguridad porteña, 732 fueron detenidas y 9.384 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios al comprobarse que no tenían autorización para circular por la calle.
La LADH denunció la grave situación que se ha creado en las alcaidías de la policía de la Ciudad. “En medio de la pandemia los jueces no tienen mejor idea que mandar a jóvenes acusados delitos menores allí, lugares absolutamente inapropiados, denuncian que no tienen baños, ni ventanas, ni patios, y además están incomunicados", dijo a PáginaI12 el presidente de la LADH José Schulman. "Esta situación revela que los estados municipal y nacional ignoran el colapso de las prisiones, y que los jueces siguen insistiendo en una mirada primitiva contra el delito, encerrar por cualquier cosa, lo que es una violación en tiempos normales ahora en plena pandemia es un atentado contra la vida. A los jueces que lean las declaraciones de la ONU, la CIDH y dejen de encerrar a muchachos y muchachas en las comisarías", agregó.
La LADH enfatizó que "no podemos dejar de señalar que la mayoría de estas personas no deberían encontrarse privadas de su libertad, ya que no se encuentran acusadas de delitos graves sino de delitos menores contra la propiedad y el motivo para no concederles la excarcelación es que poseen antecedentes de hechos similares, en clara e inconstitucional aplicación del derecho penal de autor".
La organización que preside José Schulman advirtió que "ante la crisis del COVID-19, la prisión preventiva, que siempre debe ser tomada como última y excepcional medida cautelar, debería ser todavía más excepcional, aunque todavía haya magistrados que no acepten esta circunstancia y apliquen sus prejuicios poniendo la defensa de la propiedad por encima de la defensa de la vida y la salud". Sin embargo, la entidad consideró que aún para los casos excepcionales en los que sí podría justificarse esta medida, como los homicidios y otros delitos contra la vida y la integridad física, las alcaidías no son espacios adecuados para la permanencia de las personas detenidas, porque no cumplen con los mínimos estándares que establece la normativa vigente para el tratamiento de reclusos.
"Actualmente hay más de cien personas en esta injusta situación. Según la información obtenida, estas alcaidías no solamente carecen de ventanas suficientes y de baños adecuados, sino que también carecen de patios o los que poseen son reducidos, con la consiguiente imposibilidad de acceder al aire libre.
Por otra parte, si bien la restricción a las visitas físicas de los familiares puede ser razonable para disminuir los riesgos de contagio, los números de teléfonos de estas alcaidías no son conocidos, lo que limita fuertemente la posibilidad de contacto con sus familiares, que en algunos casos han manifestado expresamente que no se les permitió comunicarse con las personas detenidas", denunciaron.
Fuente: Página 12
