La demanda fue presentada por el Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC), por el dirigente de la CTA-Capital Pablo Spataro, por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Frente Territorial Salvador Herrera y por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que conduce Claudio Lozano. Además, se sumaron referentes de barrios populares como la villa 21-24, la 15, la 20, el barrio Cildañez, Inta y Scapino.
 

Los barrios populares de la ciudad no cuentan con acceso formal al agua potable segura, conviven con agua de servicios precarios muchas veces mezcladas con aguas servidas y las familias almacenan el agua en baldes, cacerolas y tachos. El contexto de pandemia de coronavirus y la proliferación del dengue no hace más que poner al descubierto desigualdades históricas que dejan a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.
 

El amparo fue presentado en Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, quien le pidió al gobierno porteño que conteste a la demanda y resuelva en los próximos días los pedidos de las organizaciones.
 

Las organizaciones solicitan hacer un diagnóstico participativo durante noventa días y elaborar un plan de agua potable y saneamiento cloacal que tenga en cuenta a las comunidades locales para la contratación de las obras. Reclamaron que se avance en garantizar que los hogares tengan un baño completo.
 

Con la presentación judicial plantearon un Plan de Contingencia a fin de garantizar dos litros de agua potable envasada por habitante diariamente y la entrega de agua a granel para quienes no cuenten con suministro continuo de agua potable; un Sistema de Monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua; un Programa de Limpieza periódica de tanques, entrega gratuita de garrafas y lavandina para la limpieza, entre otras cuestiones.