El fallo judicial disponía un plazo de cinco días para la presentación del protocolo, desde el 21 de mayo cuando se aceptó el amparo, y establecía la aplicación de multas de 30 mil pesos diarios y una denuncia penal por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario contra los responsables si no se cumplía con los tiempos establecidos.
Los ministros de Salud, Fernán Quirós; de Desarrollo y Hábitat, María Migliore; y de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, presentaron el “Protocolo de actuación frente a la propagación del covid 19 en barrios populares-CABA” ante el juez en lo contencioso administrativo y tributario Dario Reynoso, 70 días después de declarada la emergencia por COVID 19.
Se trata de un documento de 11 hojas que ordena las condiciones de aislamiento, la seguridad alimentaria, los dispositivos de distancia social y el trabajo para los casos de violencia de género y con adultos mayores, entre otros temas.
El magistrado había sido contundente en su fallo donde explicitaba la falta de un protocolo específico de acción y prevención en materia de COVID-19 para villas, asentamientos y barrios vulnerables como los localizados en las comunas 4 y 8” y obligaba al Gobierno de la Ciudad a elaborar uno con la información suficiente sobre los lugares de aislamiento para los casos positivos, contactos estrechos y sospechosos de COVID-19, limpieza y desinfección de espacios públicos y elaboración de nuevos abordajes para la violencia de género.
Además, el fallo dispone la creación de una mesa de trabajo que integren los presidentes comunales junto a representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Espacio Público y Medioambiente de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar cada una de las medidas con las organizaciones de base, curas villeros y agrupaciones políticas de los barrios.
Por último, el juez dictó un nuevo fallo que extiende el protocolo de actuación sanitario para combatir el coronavirus en las villas de la zona sur a todos los barrios vulnerables de la ciudad. “Contemplar la particularidad de cada villa, asentamiento y barrio vulnerable de esta Ciudad”, pidió el magistrado.