La pandemia dejó al descubierto la dura realidad que atraviesan las personas travestis, trans, intersex y no binaries para acceder a derechos básicos como la salud o el trabajo. La lucha por el cupo laboral travesti-trans no es nueva, arrancó en 2010 de la mano de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán, que la impulsó como una forma de paliar la exclusión estructural de este colectivo: el 95 por ciento de las travestis y trans están o estuvieron en situación de prostitución. La ley 14783 se aprobó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2015.
El proyecto presentado por lxs legisladorxs Santiago Roberto y María Rosa Muiños establece la obligatoriedad de contratación de personas travestis, trans, intersex y no binaries en el ámbito de la Ciudad, “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal, para cubrir puestos de trabajo en el sector público, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las Comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades".
También dispone que "transcurridos tres años de estabilidad en el cargo, las personas contratadas dejarán libre el cupo, manteniendo su puesto de trabajo y habilitando la contratación para una nueva persona".
Para promover esta política en el sector privada, la iniciativa fija un incentivo fiscal para empleadores del sector privado que incorporen personas travestis, trans, intersex y no binaries.
En este sentido, el diputado Santiago Roberto, que preside la Comisión de Legislación del Trabajo, destacó: "En nuestro país, la comunidad travestis, trans, intersex y no binarias se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo. La expulsión por identidad de género también es moneda corriente en los circuitos laborales. Por eso queremos que, además del ámbito público, también se promueva en el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires".
