El juez Gallardo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria para suspender la audiencia del 12 de agosto, en la cual el Gobierno porteño pretendía avanzar con el tratamiento de la ley que le permite vender 31 inmuebles públicos que considera innecesarios. El pedido de suspensión argumentaba que, entre otras cosas, no se habilitó un lugar físico para garantizar la participación de todos aquellos que no tienen dispositivos informáticos o wifi, como establece la modificación que se hizo por la pandemia a la ley que regula este tipo de reuniones públicas.
“Excluir a la gente de las audiencias de la Legislatura se asemeja a impedir el voto. La forma de gobierno de la Ciudad de acuerdo a su Constitución es la de una democracia participativa. El derecho a participar de las instancias de participación ciudadana es tan importante como el derecho a votar.”, explicó el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 consideró que hubo “inobservancia deliberada respecto a la orden cautelar”, por lo cual remitió las actuaciones al fuero penal a fin de que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Al mismo tiempo, reiteró la orden de suspensión de las audiencias que están programadas hasta el 7 de septiembre, salvo que se acredite en el expediente que se subsanaron los motivos que dieron origen a la medida cautelar.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y encargado de llevar adelante la reunión, el legislador de Vamos Juntos, Claudio Romero, dijo que no había sido notificado, y rechazó hacerlo cuando se lo solicitaron en reiteradas ocasiones quienes participaban de la audiencia.
El juez Gallardo, consideró lo ocurrido como una situación de "gravedad institucional" y explicó que "distintas y numerosas personas en sus respectivas intervenciones" le advirtieron a Romero "acerca del error que estaba cometiendo en llevar a cabo el evento desoyendo los términos de la medida cautelar y supeditando a las y los participantes a ser cómplices de tal eventual comisión delictiva".
Fuente: Página 12
