La Alameda, sede de un comedor comunitario dónde se alimentan diariamente 140 vecinos y seis emprendimientos productivos (taller textil, artesanías, panadería, centro de copiado, librería comunitaria y parrilla) nuevamente corre el riesgo de desalojo.

Mientras el juzgado penal ha resuelto procesar a Gustavo Vera, el presidente de la Cooperativa de Trabajo 20 de diciembre, en el juzgado comercial se ha vuelto a activar el expediente donde se persigue la restitución del inmueble al testaferro de la liga de rematadores que compró el ex bar al precio vil de 90 mil pesos.

El 16 de junio pasado los integrantes del comedor fueron víctimas de una brutal represión cuando se intento desalojarlos del lugar, con un saldo de 14 presos y 3 heridos. Una semana después, la Legislatura expropió la Alameda para cederla en comodato a la Cooperativa de Trabajo, pero el 12 de julio el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra vetó la ley.

La Cooperativa presentó un amparo pidiendo que se declare nulo el veto, pero el juzgado contencioso, administrativo y tributario que analiza el tema aún no se ha pronunciado al respecto.

El jefe del GCBA vetó la ley argumentando que se los reubicaría en un lugar alternativo para que sigan funcionando todas las actividades del Centro Comunitario. A siete meses del veto, el GCBA no ha encontrado ningún lugar alternativo, mientras en los juzgados penal y comercial avanza la causa para desalojarnos.

Como parte de esos avances, el jueves 10 de febrero a las 12 se realizará una inspección judicial en la Alameda donde el Juez Domingo Montanaro vendrá con el supuesto dueño, el fiscal y abundante personal policial para filmar, sacar fotos, medir superficies y realizar un relevamiento masivo con asistentes sociales de la policía, supuestamente para verificar las actividades que allí se realizan.

“Nos llama la atención que necesiten verificar la existencia de un comedor que ha sido legalizado por el GCBA hace dos años por haber cumplido con todos los requisitos; de emprendimientos productivos que son monitoreados periódicamente por Desarrollo Social de la Nación y en un predio que la misma Legislatura ha declarado de utilidad pública”, denunciaron los integrantes de la cooperativa.

Por este motivo, sospechan que tras la verificación se esconde en realidad intenciones intimidatorias en vísperas de la inminente orden de desalojo que estarían por dictar en lo penal o en lo comercial.