Así lo dispuso el Gobierno porteño a través de la reglamentación de dos leyes (1.207 y 1.496), que además, exigen la implementación de balanzas y lectores de códigos de barra para que los consumidores puedan verificar los productos que compran.

Las normativas tienen el objetivo de suministrar canales confiables para los ciudadanos a la hora de cotejar precios y exigir a los empresarios un compromiso con las publicaciones de ofertas que emiten permanentemente.

A tal fin, las leyes estipulan la exhibición, de forma clara y visible, de carteles con las ofertas vigentes y la nómina completa de asociaciones de defensa del consumidor y los responsables de la empresa frente a quienes puedan formularse denuncias.

La obligatoriedad del cumplimiento de la norma rige para todos los supermercados, supermercados, hipermercados o autoservicios cuya superficie supere los 1.000 m2 o cuya facturación bruta bimensual supere $1.000.000 o que conforme una cadena con al menos 5 bocas de expendio.

El organismo encargado de publicar semanalmente la información recibida será la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Estos datos podrán ser consultados ingresando a www.buenosaires.gov.ar.

Si bien no amerita clausura, los supermercados que no respeten la nueva normativa, pueden sufrir sanciones económicas, que oscilan entre $ 500 y $ 500.000.