Si se puede afirmar algo del subprefecto mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal, Hugo Bellavigna, hoy párroco de la iglesia Santa Inés, Virgen y Mártir, es que fue un convencido ejecutor de la posición oficial de la Iglesia Católica durante los años de dictadura militar a partir del golpe de Estado de 1976.

Hubo en esos años de genocidio otra postura dentro de la Iglesia: la de quienes asumieron la causa del pueblo: Carlos Mujica, asesinado por las 3 A en 1974, Monseñor Angelelli, asesinado en 1976, los padres Palotinos asesinados en 1976. Así como la de las religiosas francesas Alice Domon y Renee Leonie Duquet, secuestradas en la Iglesia Santa Cruz junto a Azucena Villaflor de Vicenti, en el año 1977 e iniciadoras de  las marchas alrededor de la Pirámide de la Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. También hay que recordar a los sacerdotes que siguieron pregonando su posición a favor de los sectores necesitados como Monseñor Zaspe, Monseñor Jaime De Nevares, Monseñor Novak y Monseñor Hesayne. Otras víctimas del Terrorismo de Estado-  como el  sacerdote Adur, detenido en Brasil. O y los que tuvieron que alojarse en ignotos conventos para evitar el secuestro (los sacerdotes Llorens, Carlos Fugante y tantos, tantos más).

Pero Bellavigna llegó a Villa Devoto como párroco, con la función específica de instrumentar las decisiones del General  Suárez Mason y su representante para las cárceles, el coronel Sánchez Toranzo, ejecutores de un fino plan de destrucción política y personal en una cárcel dispuesta para la concentración de más de 1000 presas políticas.

Villa Devoto era el Penal que los militares utilizaron para mostrar a los Organismos Internacionales, mientras en el país se desarrollaba la represión más cruel. Allí Bellavigna intentó "regresar las ovejas negras al redil" proponiéndoles a las presas políticas, arrepentirse de cualquier idea de cambio social que pudieran sostener y que dejaran de defender los principios de solidaridad y compañerismo.

Bellavigna participó de la Comisión Interdiciplinaria, tribunal interno de la cárcel, que definía quiénes eran "recuperables" y quiénes no. Allí se decidía la ubicación carcelaria futura de cada uno y la entrada en un cónclave militar (reunión) donde se debatía la libertad de las entrevistadas. Sus informes definían los supuestos grados de arrepentimiento. Su función era presionar a las presas políticas psicológicamente en una suerte de tortura cotidiana, buscando inculcarles la idea de que su actitud dentro de la cárcel determinaría o no su libertad.

Belavigna no se privó de amenazar a compañeras de origen judío diciéndoles que ser judío era un pecado y que ellas pagarían no saliendo nunca en libertad. En entrevistas con compañeras que se encontraban enfermas o que habían sufrido la muerte de sus familiares adoptaba una falsa actitud de compasivo, siempre buscando el momento adecuado para tratar de convencernos que la mejor opción para llegar a reunirse un día con su familia era "aceptar el reglamento", firmar el “arrepentimiento”, es decir, aislarse de las compañeras, y entrar en una espiral de destrucción personal. También maltrató a los familiares que iban de visita, como un modo indirecto de incidir sobre las detenidas.